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04/07/2018
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Entrampados los cambios estructurales

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Entrampados los cambios estructurales

Por:León Opalín

Transcurridos seis meses desde el inicio de la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto (EPN) el ejecutivo ha logrado transmitir un sentido de autoridad y transformación estructural del país necesario para promover el desarrollo económico del país en el largo plazo. Existe conciencia de que se requiere establecer un marco propicio para una mayor participación del sector privado en la economía para suplir carencias de recursos por parte del gobierno y a la vez establecer reglas de juego claras para esa participación.

En este contexto, como era de esperarse, los resultados de las políticas públicas en el corto plazo son limitados, quizá más de lo que se preveía, en virtud de que los problemas existentes trascienden a la ya aprobada reforma de las telecomunicaciones y próximamente a la fiscal y a la energética, principalmente, que vienen en camino. Ciertamente, las dificultades para romper el círculo vicioso de situaciones que no permiten el arranque de la economía, en buena medida se vinculan a la gran amplitud de la economía informal, casi 30 millones de personas involucradas en este sector, equivalente al 60.0% de la población económicamente activa. La mayoría de los trabajadores en la economía informal no tienen acceso a prestaciones sociales como servicios de salud y esquemas de pensiones, entre otras; sus salarios son bajos por la elevada disponibilidad de mano de obra en el mercado y por su escasa capacitación, adicionalmente han perdido poder adquisitivo ante el dinámico incremento de los precios de alimentos básicos, rubro al que destinan alrededor de la mitad de su gasto, frente a la grave sequía que prevalece en la República y que abarca a más del 60.0% del territorio nacional. Es posible que los datos oficiales sobre la economía informal no incluyan a parte de las actividades no declaradas por empresas formales, debido a que no les resulta rentable enfrentar el complejo sistema tributario y/o lo engorroso que les implica operar con los esquemas burocráticos que imponen las autoridades.

Por otra parte, se estima que la capacidad de absorción de trabajadores en la economía informal está saturada. Las crecientes limitaciones que ha impuesto el gobierno de EUA para el ingreso de trabajadores ilegales procedentes de México a ese país, y el regreso de miles de ellos a México, por el débil avance económico estadounidense, ha acentuado la competencia laboral tanto en el sector formal como en el informal del país. Igualmente la economía informal se ha visto invadida por importantes corrientes de campesinos que ante condiciones climáticas adversas huyen de sus lugares de origen.

Mejorar la productividad de la planta productiva y las condiciones de vida de los mexicanos que viven en la informalidad, requerirá de el largo plazo; cuantiosos recursos económicos, fortalecer la educación y la capacitación; continuidad de los gobiernos en la instrumentación de las reformas estructurales y llevar a cabo los cambios con un alto espíritu de equidad social.

En este marco, otro importante escollo para que puedan tener éxito las transformaciones estructurales que México precisa, tiene que ver con el ambiente de inseguridad y violencia que vive la ciudadanía, las empresas y las instituciones. El entorno para la convivencia social y para la actividad productiva se ha deteriorado sensiblemente en varios Estados; que observan "una completa ruptura en su gobernabilidad y que los ha convertido en entidades fallidas". En el presente, el caso más extremo es el de Michoacán en donde ante la amenaza que representan las actividades del crimen organizado el gobierno de la República estableció un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, con un mando único, el de la Secretaría de la Defensa Nacional; de acuerdo al Secretario de Gobernación "los elementos de seguridad no saldrán de Michoacán hasta restablecer la paz y la tranquilidad".

La violencia y temor que las organizaciones delictivas han creado en diferentes regiones del país, ha sido "aprovechado" por grupos de secuestradores que han intensificado sus actividades ilícitas. Cabe destacar que frente a la impunidad existente y la ausencia de un Estado de derecho, se ha creado un entorno para que la ciudadanía se tome la justicia por si misma al margen de las instituciones.

La intranquilidad social ha llegado a niveles extremos en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca donde se han registrado actos vandálicos por parte de la disidencia magisterial que se opone a la reforma de la educación, y en general, a los cambios estructurales que viene realizando el gobierno. La disidencia se encuentra infiltrada por  sediciosos profesionales, que buscan mantener canogias; apoyados por intereses de grupos que no reconocen la legitimidad de las autoridades, e incluso, sus líderes pretenden "el derrumbe del gobierno". Los maestros disidentes con su tiempo pagado (recursos públicos) se han dedicado a la movilización a través de violentas manifestaciones que han causado severos daños al patrimonio de los particulares, de los partidos políticos y de instituciones públicas. Han bloqueado autopistas, usufructuándolas al cobrar ilegalmente el peaje a quienes las utilizan.

El diálogo con la disidencia magisterial y con otros grupos de revoltosos de tiempo completo se ha agotado. Resulta fundamental que el Estado ejerza la potestad que tiene para utilizar la fuerza pública. Si el gobierno pretende seguir adelante con el cambio estructural del país, tiene que actuar con autoridad y vigor.

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